08 agosto 2011

El Cermi velará por la plena accesibilidad de televisiones y redes sociale

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunciará ante la Administración del Estado a las televisiones públicas y privadas que, estando obligadas, no cumplan con los porcentajes y horarios mínimos de emisiones con contenidos accesibles para personas con discapacidad.

Desde la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en 2010, las televisiones de ámbito nacional y autonómico tienen la obligación legal de adoptar medidas de accesibilidad al contenido audiovisual mediante la subtitulación, la emisión en lengua de signos española y la audiodescripción.

"Estas obligaciones de accesibilidad son crecientes a lo largo del periodo 2010-2013, año este último en que deberá haberse llegado al máximo previsto en la ley para las tres modalidades de accesibilidad", indicó el Comité.

Así, con los datos oficiales aportados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Cermi afirma que comprobará que, a fecha de 31 de diciembre de 2011, se han cumplido las obligaciones previstas para ese año, y en caso de incumplimiento, denunciará a los emisores televisivos ante la Administración para que abra el oportuno expediente y sancione las infracciones.

REDES SOCIALES
Asimismo, el Cermi ha recordado a las empresas titulares de redes sociales en línea que éstas han de ser accesibles para personas con discapacidad antes del 1 de enero de 2013.

La ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad modifica la norma de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, extendiendo a las redes sociales las obligaciones de accesibilidad vigentes para las páginas de Internet públicas y las de las grandes empresas. Este deber legal de accesibilidad coincide con las peticiones del movimiento social de la discapacidad.

Según el Cermi, diversos informes y estudios independientes comprobaron que ninguna red social de las implantadas en España cumplía con los requisitos mínimos para ser accesibles a personas con discapacidad, "discriminado y excluyendo por tanto estas plataformas a un gran número de usuarios con discapacidad que se ven privados de su derecho a participar en estos canales de relación y comunicación sociales".

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