El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado la agenda política de la discapacidad para la legislatura 2011-2015, con el objetivo de marcar unas propuestas de compromisos electorales para las formaciones políticas de cara a que exista una mayor presencia de la discapacidad en la agenda política del país.
Según el Cermi, este mayor peso específico de la discapacidad “debe tener como primer reflejo” la incorporación, en los puestos de salida, de candidatos y candidatas en las listas electorales que confecciones y presenten las formaciones políticas, así como que potenciaría el diálogo civil y la participación efectiva en las políticas públicas del movimiento asociativo.
También pide la necesidad de la accesibilidad universal y marca el año 2020 como “horizonte temporal para lograr una España libre de barreras”, al mismo tiempo que las legislaciones, las políticas y la acción pública hacia las personas con discapacidad tengan un enfoque desde el punto de vista de los derechos humanos al mismo tiempo que inclusivo, plasmado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.
“En la próxima legislatura tendrá que haber una adaptación normativa a la Convención, que comprenda esferas como la igualdad jurídica, las leyes civiles, el código penal o la legislación educativa, entre otros”, establece. Asimismo, indica que la persona con discapacidad debe estar en condiciones de materializar su derecho a ser incluida en la comunidad y a disfrutar de una vida independiente.
Otra propuesta que plantea el Cermi es la activación de las personas con discapacidad, ya que, según explica, “más que el desempleo, mucho más alto que la media general, el gran problema en relación con el empleo, es la elevada tasa de inactividad, cercana al 65%”. En este sentido, sostiene que la demanda del sector pasa por la aprobación de una nueva Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, que siente nuevas bases para la empleabilidad y activación de este grupo”.
Además, solicita que se de respuesta a las necesidades sociales, en clave de derechos. Por ejemplo, cita el caso de los servicios sociales, los cuales, según el comité, “han de adquirir el rango de derechos subjetivos, universales, vinculantes y exigibles”. Así, considera que debería plantearse la promulgación de una Ley de Garantía de Derechos y Servicios Sociales, con el objetivo de que las personas con necesidades de apoyo para su inclusión social contaran con el derecho a tener los dispositivos y recursos apropiados para asegurar las condiciones de vida dignas.
En cuanto a la dependencia y la discapacidad, el Cermi apunta que en los últimos años en España se ha puesto un acento en la dependencia que ha debilitado y desdibujado las políticas específicas de la discapacidad, sobre todo, en las Comunidades Autónomas. Para el Comité, “la discapacidad no puede subsumirse ni desaparecer en la dependencia, ya que tiene identidad propia y precisa de políticas y dispositivos concebidos expresamente para esta realidad”.
Por otro lado, marca la necesidad de contar con un nuevo marco normativo, de apoyos y fiscal “más favorecedor”, de cara a los efectos de la crisis en la sostenibilidad económica del sector asociativo de la discapacidad y, en general, de todo el Tercer Sector Social. Por ello, señala, como “una gran demanda” para la próxima legislatura, la aprobación de una Ley de Promoción del Tercer Sector Social, “de la que España carece”.
Otra demanda es la coordinación socio-sanitaria, “que hoy no existe”, como consecuencia de las múltiples y superpuestas necesidades de las personas con discapacidad. Así, marca, como primera medida, “la actualización y ampliación de la prestación ortoprotésica del sistema sanitario para acomodarla a las necesidades de las personas con discapacidad y mayores”.
También hace referencia a la exclusión que sufren las personas con discapacidad, incluso dentro de la propia discapacidad (mujeres, inmigrantes, de medio rural, etnia gitana, etc.), que necesitan una acción positiva más intensa y un enfoque diferenciado; a las familias de personas con discapacidad, que precisan de un nuevo marco legal de protección; a la discapacidad sobrevenida, que necesita unos dispositivos públicos de atención y respuesta adecuados a esta nueva cara de la discapacidad; así como, a la equidad territorial, que requiere una igualdad en los derechos de este grupo, independientemente de donde vivan.
Por último, el Cermi propone que, al igual que la Unión Europea ha efectuado la Estrategia Europea de la Discapacidad 2010-2020, “España debería contar con una Estrategia Española de la Discapacidad 2010-2020, en la que se fijasen los objetivos, los recursos y el calendario de toda la acción pública en materia de discapacidad hasta el año 2020”.
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